SEREMI DE JUSTICIA VALORA MEDIDAS DE GOBIERNO EN FAVOR DE LA PROBIDAD

  SEREMI DE JUSTICIA VALORA MEDIDAS DE GOBIERNO EN FAVOR DE LA PROBIDAD Debido a los hechos registrados y conocidos durante estas últimas se...

 SEREMI DE JUSTICIA VALORA MEDIDAS DE GOBIERNO EN FAVOR DE LA PROBIDAD

Debido a los hechos registrados y conocidos durante estas últimas semanas en el país en el marco del “Caso Convenios” y por actos donde la Fiscalía investiga presunto mal uso de recursos públicos, es que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric priorizó la actualización de la agenda en materia de probidad y modernización del Estado.

Son ocho medidas para combatir de forma más eficaz la corrupción y conflicto de intereses en el Estado, las que buscan responder ante las brechas históricas de vulnerabilidad institucional que han propiciado irregularidades o delitos en las instituciones estatales.

Según la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Hellen Pacheco, “la agenda de probidad y modernización del Estado presentada por el Presidente Gabriel Boric, es contundente y concreta pues da un marco normativo a través de un instructivo que dispone de medidas de control, de e operación y de seguimiento y fiscalización adecuadas a la situación, las cuales han sido fruto de estudios previos”.

LAS OCHO MEDIDAS DE LA AGENDA DE PROBIDAD

Dentro de la agenda actualizada por el Ejecutivo, se mencionó la creación de la Comisión Asesora para la Integridad Pública y Transparencia, sin duda, una de las medidas más expectantes debido a que comenzó a operar en pleno estallido del “Caso Convenios” y sus propuestas se proyectan listas para fines de agosto. De esta manera, se reforzarán los controles a los convenios que se realicen en el sector público, impactando tanto las transferencias corrientes y de capital.

La medida anterior incluye la exigencia de garantías para todos los convenios que se realicen, como así también el requisito a las organizaciones de la sociedad civil de deber acreditar su experiencia, antigüedad y objeto social.

Otra medida es la “Ley de Beneficiarios Finales”, la cual será ingresada mediante un proyecto de ley, y pretende crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que serán beneficiarias finales de los dineros públicos adjudicados.

Las Medidas en materia de Probidad sobre Compras Públicas, buscará, mediante un proyecto de ley -que está pronto a ser ingresado al Congreso- modernizar la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas, incluyendo, por ejemplo, la introducción de principios de economía circular en las compras del Estado, incorporando un nuevo capítulo que regula la etapa de preparación de la contratación administrativa, estableciendo que ningún organismo estatal podrá suscribir contratos con su personal ni con personas relacionadas, fortaleciendo la concursabilidad y limitar las causales de trato directo, entre otras aristas.

La Reforma del Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno (Caigg) actualizará, luego de 26 años, su composición. El Ejecutivo pretende crear el Caigg como servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y será liderado por el auditor/a general del Gobierno.

El Fortalecimiento de la Integridad y Probidad Municipal es una medida que será presentada como proyecto de ley y que apuntará, principalmente, a mejorar la eficiencia y simplificar la recaudación de los municipios proyectando un rol más activo de la Tesorería General de la República (TGR) y del Servicio de Impuestos Internos (SII). En su grueso, la iniciativa para los gobiernos locales busca mejorar el pago de permisos de circulación como también la capacitación de sus funcionarios para una mayor gestión financiera de compras y adquisiciones.

El 9 de agosto el Gobierno renovó la urgencia del proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que fue ingresado en 2018. Su objetivo es ampliar la ley N°20.285 sobre el acceso a la información pública y aplicarla a diversos organismos estatales, como también a las empresas públicas y las sociedades accionarias que tengan participación en estas sobre el 50%.

Finalmente, el Gobierno incorporó dentro de su actualización en materias de probidad, el avance del proyecto “Regiones más Fuertes”, el cual, dentro del conjunto de nuevos deberes y responsabilidades que incorpora para los Gobiernos Regionales, establece mayores mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los Gores usen de forma óptima los recursos fiscales.